Los fines sociales, económicos o políticos, son también objetivos a cubrir con los tributos, aunque estos sean, a veces, un medio complementario y no principal de llevarlos a cabo. El concepto de gasto tributario, entonces, hace referencia, desde un concepto restringido al que adherimos, a la existencia de exenciones, bonificaciones y reducciones extrafiscales, que suponen desviaciones de la estructura propia de cada tributo, constituyendo tratamientos diferentes en beneficio de determinadas rentas o actividades de manera que favorecen la consecución de objetivos de naturaleza económica y/o social amparados por la Constitución y perseguidos por el legislador de turno.
Sin embargo, en materia presupuestaria, existe una total discrecionalidad en el manejo de estos elementos, aunado a la escaza publicidad y la falta de control pertinente, lo cual permite aseverar que se erigen como los mecanismos idóneos de corrupción en este siglo XXI.