Santo Tomás de Aquino, gran exponente del tercer periodo de la filosofía y teología medieval denominada Escolástica, se inspiró en el pensamiento aristotélico y agustiniano. El estudio de la doctrina tomista permite recuperar y reflexionar sobre algunos de sus aspectos que se han abandonado con el transcurrir de los siglos y que despejan el camino para avanzar en la comprensión profunda del significado de principios fundamentales del Derecho Tributario como el de capacidad contributiva y favorecen el desarrollo científico de esta disciplina. El actual principio de capacidad contributiva debe recuperar los valores destacados por Santo Tomás; solo así cumplirá la función fundamental que le corresponde dentro de los sistemas constitucionales nacionales.

Los fines sociales, económicos o políticos, son también objetivos a cubrir con los tributos, aunque estos sean, a veces, un medio complementario y no principal de llevarlos a cabo. El concepto de gasto tributario, entonces, hace referencia, desde un concepto restringido al que adherimos, a la existencia de exenciones, bonificaciones y reducciones extrafiscales, que suponen desviaciones de la estructura propia de cada tributo, constituyendo tratamientos diferentes en beneficio de determinadas rentas o actividades de manera que favorecen la consecución de objetivos de naturaleza económica y/o social amparados por la Constitución y perseguidos por el legislador de turno.
Sin embargo, en materia presupuestaria, existe una total discrecionalidad en el manejo de estos elementos, aunado a la escaza publicidad y la falta de control pertinente, lo cual permite aseverar que se erigen como los mecanismos idóneos de corrupción en este siglo XXI.

El mínimo vital o mínimo inidispensable, personal y familiar, tiene su principal fundamento en la delimitación negativa del principio de capacidad contributiva referido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política Mexicana. No se debe gravar la riqueza necesaria para vivir con dignidad. El objeto de este trabajo está centrado en delimitar el escenario en el que actúa el mínimo imponible, y lo que debe considerarse un sistema fiscal justo y digno para el contribuyente, que atienda a la composición y circunstancias de su unidad familiar y que no esté exclusivamente centrado en fríos aspectos recaudatorios. Solo la riqueza apta para contribuir debe ser gravada. A partir del momento que el contribuyente ha satisfecho sus necesidades primarias, inicia a conformarse su aptitud para pagar impuestos.

El artículo analiza la inconstitucionalidad por omisión legislativa desde la perspectiva del derecho tributario, dilucidando si el artículo 31, fracción IV, de la Constitución mexicana puede representar un encargo al legislador que en materia tributaria impone la obligación al órgano legislativo de impregnar en ley los postulados que consagra como derechos fundamentales (capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley tributaria y destino del gasto público). Asimismo, se examinan algunas omisiones legislativas en materia tributaria (absolutas y parciales) y la forma en que han sido corregidas por la función jurisdiccional.

Se analiza la influencia de la globalización económica en la esfera del Derecho tributario, examinando las consecuencias que ello comporta. Se examina, en particular, el nocivo influjo que ello supone respecto al contenido y alcance de los principios constitucionales aplicables en la órbita de este sector del ordenamiento jurídico, que han dejado en buena medida de constituir los ejes de justicia que tradicionalmente han guiado la conducta del legislador, condicionado en su tarea por unos poderes innominados y abstractos, con el peligro que esto representa para la democracia.

En la práctica fiscal, la determinación que realizan tanto los contribuyentes como la Administración tributaria al momento de valorar las operaciones vinculadas resulta en muchas ocasiones divergente. Esta situación obedece principalmente tanto a la falta de coordinación de criterios y de su debida unificación, así como a la disparidad de los términos que se utilizan en las diversas normativas que regulan la materia. Estas circunstancias provocan problemas de interpretación y certeza jurídica que provocan una doble imposición. Al ser transacciones de carácter internacional tenemos que los procedimientos judiciales se complican y alargan con el consecuente perjuicio fiscal que se causa a los contribuyentes involucrados en este tipo de operaciones comerciales, ante ello resulta imprescindible conocer las diversas alternativas que tiene el contribuyente para resolver la problemática.