UNA PLATAFORMA CIENTÍFICA PARA EL MÁS AVANZADO ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PROPIOS DEL DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO.

Generosa e inmerecida es la invitación que me ha hecho el doctor César Augusto Domínguez Crespo para presentar la Revista Mexicana de Derecho Financiero y ributario/Mexican / Review of Public Finance and Tax Law, por él dirigida. Que la invitación sea generosa se explica, simplemente, por la amistad y aprecio con que me privilegia personalmente. Ahora bien, dado que la materia fiscal es francamente ajena a mis intereses profesionales y académicos, su petición resulta a todas luces inmerecida. Por suerte, tengo a mi favor la indicación precisa de mi apreciado colega en el sentido de redactar una breve presentación, de modo que así atenderé su encargo.

NOTAS PARA PROPUESTAS DE REFORMA FISCAL DENTRO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN “DERECHO Y ECONOMÍA INFORMAL” DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONESJURÍDICAS DE LA UNAM.

Introducción

El presente documento se redactó a manera de minuta por César Augusto Domínguez Crespo, César García Novoa, Pilar López Carasa Quiroz y Gabriela Ríos Granados, miembros fiscalistas de la línea institucional “Derecho y economía informal: causas, diagnóstico y propuestas de implantación”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coordinado por la doctora Gabriela Ríos Granados, después de varias sesiones de trabajo conjunto. La oportunidad de publicarlo en la Sección editorial de la Revista Mexicana de Derecho Financiero y Tributaria / Mexican Review of Public Finance and Tax Law, pretende servir para continuar madurando las ideas aquí expresadas y recibir retroalimentación de los lectores.

Desde el grupo de trabajo de los fiscalistas, se destaca que la economía informal tiene como primer efecto perceptible la disminución de la recaudación. Dicho fenómeno se produce en un plano de evidente inequidad, pues aquellos que logran ocultar su actividad del fisco son los que reciben los beneficios económicos que no disfrutan aquellos contribuyentes cumplidos.

El fenómeno de la economía informal exige medidas que incentiven el cumplimiento espontáneo de la norma y la declaración de ingresos o actividades reales, pero también que se vayan cercando las posibilidades de ocultamiento o reporte inferior de ingresos (el llamado enanismo fiscal).

^* El derecho fundamental a no autoincriminarse plantea problemas especiales en el ámbito del Derecho tributario, en el que puede entrar en colisión con el deber de colaboración con la administración que se impone a los contribuyentes para la determinación de sus obligaciones fiscales. El presente trabajo examina estos problemas en el contexto de las relaciones entre el procedimiento de liquidación tributaria, por una parte, y el procedimiento sancionador tributario (administrativo) y el proceso penal por delito fiscal, por otra.

^* El principio de capacidad económica exige dejar libre de gravamen la parte de ingresos destinada al mantenimiento del individuo y de su grupo familiar, porque es obvio que ese primer tramo de ingresos no es indicativo de capacidad para pagar tributos. Aunque todos reconocen ese mandato constitucional, lo cierto es que la mayoría de ordenamientos jurídicos incumple el deber de cuantificar claramente ese mínimo personal y familiar y dejarlo libre de gravamen. La excepción más relevante es Alemania, cuyo Tribunal Constitucional dedujo importantes consecuencias de dichos principios.

El presente trabajo analiza la protección del mínimo personal y familiar en España desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional alemana.

^* El presente trabajo da cuenta de los notables cambios que el sistema tributario de las comunidades indígenas va teniendo en Latinoamérica, especialmente en países como Bolivia y Colombia que han transformado sus Cartas fundamentales en verdaderas “constituciones indígenas”. Puede advertirse una “evolución paralela” al modelo europeo de tributación, que tiene un claro reflejo en la interpretación funcional de los tradicionales principios tributarios de legalidad, capacidad contributiva, seguridad, no confiscatoriedad, vinculación con el gasto público, etc., y la potenciación de otros nuevos principios como el de solidaridad, bien común, subsidiariedad, participación y control social. Puede afirmarse que empiezan a sentarse las bases de un verdadero neoconstitucionalismo tributario latinoamericano.

^* La comúnmente conocida como tasa de la telefonía móvil ha suscitado importantes controversias jurídicas en la última década. Las dudas originadas en torno a su establecimiento fueron despejadas por dos pronunciamientos del TJUE: el primero, la sentencia de 12 de julio de 2012 (asunto Vodafone España y France Telecom); y el segundo y definitivo, el auto de 30 de enero de 2014. Ambas resoluciones ponen fin a la práctica de los municipios declarando incompatibles con el Derecho de la Unión aspectos fundamentales de la mencionada tasa, tal y como había sido regulada por la mayoría de las entidades locales.

^* El tributo es, en razón de las modalidades temporales para su cumplimiento, susceptible de clasificación como una obligación (i) pura y simple; (ii) condicional; y (iii) a término. Ello permite concretar el valor jurídico de la determinación tributaria, de modo de analizar críticamente si el acto determinativo tributario tiene un efecto meramente declarativo, como manifestación de conocimiento de una realidad —la obligación tributaria— que le preexiste; o si por el contrario dicho acto tiene la virtualidad de establecer ex post facto —a modo de necesaria interpellatio— el término de cumplimiento de la obligación ya nacida, pero cuya eficacia se encuentra condicionada a la existencia del tantas veces mencionado acto de determinación. En estos términos, partiendo de la posibilidad de conocimiento —y sobre todo, de comprensión racional— de la ley por parte del operador jurídico, la cuestión del tiempo de cumplimiento de la obligación tributaria, y en consecuencia la naturaleza del acto de determinación, la hace una obligación ex lege sujeta a término legal, fijo y necesario para la determinación del tributo, exigible de acuerdo con la regla «dies interpellat pro homine», de lo que se sigue naturaleza declarativa de la determinación tributaria.